Cada dos años la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (o ACFE por su nombre en inglés) emite un reporte sobre el fraude ocupacional a nivel mundial. Es lo que se conoce como el “Report to the Nations”. Su última edición fue publicada hace unos pocos días.
El reporte se basó en más de 1900 casos en 138 países y revela algunos datos interesantes para todos los profesionales del Compliance e investigadores del fraude.
La pérdida por fraude a nivel mundial se sigue estimando en un 5% de los ingresos anuales de las organizaciones y en su mayor parte se debe a falta de controles internos (51%) o a su omisión (32%).
La regla continúa siendo: cuanto más tiempo lleva ocurriendo un fraude, mayor es la pérdida que genera. De allí la necesidad imperiosa de minimizar los tiempos de detección. Hoy el promedio actual de detección -a nivel mundial- es de 12 meses. Esto es, para cuando lo detectamos, el fraude lleva ocurriendo un año. Y para entonces ha generado una pérdida, en promedio, de U$S 145.000. Esto es aún peor en nuestra región: el informe muestra que en América Latina y Caribe, la pérdida promedio ocasionada por un caso de fraude es de casi un 70% más, a lo que se suma una baja tasa de eficacia para recuperar activos: en el 72% de los casos no se recuperó nada.
Como se mostraba en los informes anteriores, la corrupción es uno de los tipos de fraude y tiene una incidencia muy importante en las cifras: casi la mitad de los casos reportados (48%) involucran casos de corrupción. Y si ponemos el foco en nuestra región, esa composición es mayor (55%).
El mecanismo más eficiente para detectar el fraude continúa siendo la denuncia. No nos cansamos de repetir que un programa de compliance, si quiere ser eficiente, no puede no contener un mecanismo de reporte (línea de denuncias, reporte interno, etc), asequible no sólo a los empleados y funcionarios de la organización, sino también a terceros. Las cifras del informe muestran que un tercio de las denuncias que detectaron fraudes, provienen de clientes y proveedores.
Interesantemente, cuando se consulta sobre cuáles son los mecanismos que se consideran más eficaces para detectar fraude, en nuestra región, las líneas de reporte son mencionadas en 4to lugar, después de los códigos de conducta, la auditoría externa de estados financieros y los departamentos de auditoría. De todos los nombrados, solo la auditoría interna efectivamente resulta ser una herramienta de detección, aunque menos eficaz que las líneas de reporte. En el período analizado, el 43% de los casos de fraude se detectaron por líneas de denuncia, el 14% por auditoría interna y el 13% por supervisión.
El fraude golpea a todas las organizaciones pero parece que no a todas por igual: algunos sectores industriales registran mayores pérdidas -en promedio- que otros, tales son los casos de la Minería, el Comercio Mayorista, las empresas Manufactureras, las de la industria de la Construcción, las de bienes raíces y el Gobierno/Administración Pública. Las organizaciones sin fines de lucro, por otro lado, registran -en promedio- una pérdida mucho menor (casi la mitad) que las empresas y el sector público.
Con relación a quiénes cometen fraude, continúa la tendencia que se ha venido observando. En la gran mayoría de los casos (84%) existió al menos una señal de alerta (red flag) en su comportamiento, lo que es esperanzador, pues permite a las organizaciones tomar en cuenta estos datos para poder realizar análisis preventivos eficientes.
Finalmente, no queremos pasar por alto un dato interesante. Si cruzamos los datos de fraude por género, encontramos que la proporción de hombres defraudadores continúa siendo superior a la de las mujeres, pero varía según escalamos en la jerarquía de la organización. A nivel de empleados, 1 de cada 3 defraudadores es mujer pero cuando avanzamos al nivel jerárquico o de dueños -que es donde se producen los fraudes que mayores pérdidas generan a las organizaciones-, la brecha se amplía y sólo 1 de cada 6 defraudadores es mujer.
Te invitamos a leer toda la información en detalle en el reporte completo:
Esta Comisión tiene por finalidad identificar, analizar y evaluar estrategias para el diseño e implementación de un programa de cumplimiento, con la particularidad de poner el foco en el ser humano. Los programas de compliance son cada vez más sofisticados y, en teoría, perfectos, pero requieren un cambio corporativo cultural en el que el factor humano es central, pero naturalmente imperfecto. Las neurociencias complementadas por otras disciplinas como la psicología, la genética, la biología, la medicina, el derecho, la antropología y otras, son herramientas que permiten evaluar diferentes opciones a la hora de tender puentes entre un programa de compliance y el ser humano.
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Esta Comisión se propone analizar aquellos aspectos de compliance vinculados a los datos personales y la privacidad, así como explorar los problemas morales vinculados a los datos, los algoritmos y las prácticas correspondientes, buscando las mejores soluciones tanto desde el punto de vista organizacional, como desde una perspectiva ética.
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Esta Comisión surge con el fin de visibilizar y generar conciencia sobre las múltiples temáticas que refieren a la diversidad. Su objetivo es generar espacios de aprendizaje conjunto, reflexión, intercambio, debate y análisis de estas cuestiones, con foco principal en aspectos concernientes a ética y compliance, así como también promocionar y promover una cultura de respeto por la diversidad dentro de nuestra sociedad.
Esta Comisión se propone como objetivo incentivar y motivar a los concurrentes a una discusión entre pares sobre temas de defensa de la competencia, con foco en compliance y sobre la base de la normativa vigente.
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Esta Comisión nuclea profesionales vinculados con estas actividades (incluyendo bancos, compañías financieras, bursátiles y aseguradoras), para trabajar en diversas temáticas tales como prevención de lavado de dinero, fintech, cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo y toda otra cuestión que pudiera surgir a nivel contextual y tengan efectos o impacto en alguna de las industrias mencionadas.
Esta Comisión tiene por objetivo identificar las áreas de riesgo, analizar el contexto normativo y las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales, a efectos de brindar pautas de conducta que permitan a directores, gerentes y oficiales de cumplimiento adoptar acciones para prevenir y/o mitigar las consecuencias penales de su actividad. Además, se analizan y desarrollan temáticas inherentes al ámbito del derecho penal, siempre desde una perspectiva eminentemente práctica y vinculadas con cuestiones de compliance (vg. investigaciones internas, procesos judiciales, validez probatoria en juicio, etc.).
Esta Comisión invita a profesionales de compliance y funcionarios a explorar las alternativas de aplicación de las buenas prácticas de compliance corporativo en el ámbito estatal. La comisión es, a su vez, un espacio de reflexión teórica sobre public compliance y un grupo de estudio sobre las mejores prácticas en la materia, en organismos públicos y empresas estatales. Asimismo, funciona como un ámbito de networking genuino e intercambio de experiencias entre expertos en anticorrupción y compliance, practicantes recién llegados a la disciplina y funcionarios de todos los niveles y poderes del Estado.
Esta Comisión aborda los temas concernientes a compliance en la industria farmacéutica y dispositivos médicos, en un ámbito profesional de confianza que auspicia el debate abierto de problemáticas de interés común.
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Esta Comisión propone ser un lugar de encuentro de los profesionales que se desarrollan en prácticas vinculadas con la prevención, detección y respuesta al fraude en las organizaciones. La comisión trabaja activamente para desarrollar y compartir entre pares las mejores prácticas del mercado en materia anti-fraude y anti-corrupción.
Esta Comisión propone una dinámica teórico-práctica, cuyo alcance se vincula con las cuestiones metodológicas que coadyuvan a la implementación de un sistema de gestión, mediante la aplicación de uno o más estándares tales como –por ejemplo- ISO 19600, ISO 31.000, la implementación de una nueva normativa, o el diseño e implementación de planes de acción específicos. La Comisión se focaliza en aspectos de la gestión y en la resolución de los diversos problemas que se presentan en la realidad de las empresas (ya sean públicas o privadas y sin importar la actividad a la cual se dedican).
El Propósito de esta Comisión es permear la perspectiva de Sostenibilidad en la gestión estratégica del Compliance, profundizando la interrelación virtuosa que existe entre ambas disciplinas. Pretende ser un espacio no sólo de difusión y divulgación de temas vinculados a la Sostenibilidad, sino además -y especialmente- un catalizador de iniciativas que la promuevan entre todos los grupos de interés del ecosistema de la AAEC.
Esta Comisión invita a todas a aquellas personas con interés en promover buenas prácticas de Sostenibilidad a ser parte e involucrarse activamente en las distintas acciones que se lleven adelante.
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El objetivo de esta comisión consiste en tomar temas de interés o estudio de la AAEC y presentarlos para conversación, discusión y reflexión, desde la perspectiva de distintos marcos conceptuales, integrando los puntos de vista de varias comisiones de estudio. En este sentido, esta comisión propone una actividad con la característica de transversalidad.
La Comisión contribuirá de este modo a generar espacios de actualización, reflexión, o debate sobre diversos temas que son de interés de la AAEC por encontrarse dentro del marco conceptual de su trabajo. Los temas podrán ser cuestiones sobre las que la AAEC desea generar conciencia o cultura ética o temas de actualidad de la agenda del país, de la región o incluso a nivel mundial.