Por Diego Martínez, Co Director de la Comisión de Compliance en el Sector Público, AAEC.
La OCDE, fundada en 1961, es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con economías desarrolladas y emergentes y tiene por misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Los miembros de la OCDE comparten información y experiencias, desarrollan estándares y se someten a evaluaciones por pares para mejorar sus políticas.
Argentina ha sido un país observador activo en varias comisiones de la OCDE y ha participado en numerosos estudios y evaluaciones. En 2016, presentó formalmente su solicitud para iniciar el proceso de adhesión y comenzó a trabajar -con una actitud política oscilante- para alinear sus políticas y prácticas con los estándares de la organización.
El proyecto para convertirse en miembro pleno tuvo un fuerte impulso inicial, que se apagó gradualmente al compás de escenarios de crisis, cambios de gobierno y actitudes pendulares de política internacional, con momento de mayor alineamiento a las potencias centrales y otros de acercamiento a los BRICS (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica).
Bajo una nueva administración ese impulso parece haber renacido. Así lo aparenta el comunicado emitido por nuestra Cancillería en enero y el reciente ROADMAP FOR THE OECD ACCESSION PROCESS OF ARGENTINA, documento publicado el pasado 26 de mayo que refleja los resultados de la reunión de nivel ministerial de 2 y 3 de mayo.
Sabido es que, en su momento, la voluntad política orientada al ingreso a la OCDE fue determinante para que Argentina adoptara una legislación contra el soborno corporativo e incentivara el compliance anticorrupción. La ley 27.401 saldó una deuda con la comunidad internacional de casi 20 años, poniendo fin al desinterés de nuestra clase política en cumplir con la promesa de establecer sanciones firmes frente a la corrupción de las empresas.
De la mano de estos nuevos avances, ¿puede haber más cambios en el entorno regulatorio de interés para los profesionales de compliance? Es difícil anticipar una respuesta. De momento puede decirse que, si esta vez el compromiso es firme (y se sostiene en el tiempo), debería haberlos.
La hoja de ruta mencionada incluye revisiones técnicas exhaustivas en áreas como economía, gobernanza, derechos humanos, educación, y medio ambiente. Expertos de la OCDE analizarán las políticas y prácticas del país y emitirán recomendaciones para su alineación con los estándares de la organización.
En consecuencia, Argentina sólo alcanzará su objetivo si instrumenta múltiples reformas estructurales. Los cambios en materia de integridad y buen gobierno son sólo uno de los numerosos ejes en los que Argentina debe hacer transformaciones, pero ocupan un lugar nada despreciable.
¿Que se esperaría de Argentina en materia de integridad y buen gobierno? Para responder esa pregunta, es clave entender las expectativas de varios de los Grupos de Trabajo de la OCDE.
Quizás lo más relevante para el compliance y la lucha anticorrupción será lo que suceda en el ámbito del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales. Se espera de los países miembro, el cumplimiento de algunas condiciones que en parte Argentina ya satisface, tales como un marco legal para combatir la corrupción (incluyendo penalización del soborno transnacional y responsabilidad corporativa), autoridades de investigación especializadas, preparación para cooperar entre países, entre otros.
Argentina tiene instituciones como las mencionadas, pero en el marco de la estricta evaluación que afrontará el país, es posible que surja la necesidad de realizar reformas en áreas clave tales como:
- Modificaciones en el Código Penal.
- Fortalecimiento de las autoridades de prevención e investigación.
- Mecanismos procesales para la investigación de casos complejos.
- Reformas en el sistema de justicia.
Asimismo, en el ámbito del Comité de Gobierno Corporativo es posible que se demanden cambios y mejoras en la divulgación oportuna y confiable de información corporativa, el establecimiento de arreglos de propiedad y supervisión profesionalizados y transparentes para las empresas estatales, la separación efectiva del rol del gobierno propietario de empresas estatales y otras funciones públicas, un marco claro para los deberes, derechos y responsabilidades de los órganos de administración, entre otros.
En el ámbito del Comité de Política Digital sería esperable que se exija a Argentina actualizar su anticuado marco legal de protección de datos personales y normativa robusta en materia de ciberseguridad.
Finalmente, en el Comité de Gobernanza Pública se afrontarán importantes demandas para garantizar:
- Una estructura de gobierno sólida, que incluya la separación de poderes y la capacidad de mantener el estado de derecho.
- Gobierno abierto capaz de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.
- Un sistema de integridad pública coherente y comprensivo que fomente una cultura de integridad y prevenga conflictos de intereses.
Si el proceso avanza a paso firme, seguramente habrá cambios. Conviene que los colegas de compliance estemos alerta a la evolución de este proceso.
¿Serán profundos y duraderos? ¿Nos permitirán soñar con un mejor compliance público y privado?
Tener ganas no cuesta nada. Ser algo escépticos tampoco.
Siempre querer.
Pero ver para creer.
