Por Gabriel Guinle., Graduado del Programa CEC (AAEC – UCEMA). Master en Gestión de Riesgos de la Universidad Católica de San Antonio.
Las opiniones expresadas en este contenido pertenecen exclusivamente al autor y no reflejan necesariamente la postura, opinión oficial ni las políticas de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).
Introducción
En América Latina, y particularmente en Argentina, el acceso a la información pública y la denominada economía de la información se han convertido en dos conceptos que experimentaron un amplio desarrollo en años recientes y común conocimiento
En tal sentido, mediante una combinación de ambos conceptos, es posible definir y desarrollar una teoría económica del acceso a la información pública.
Sin necesidad de incursionar en una búsqueda exhaustiva, podemos encontrar acciones tendientes a estos conceptos, por ejemplo, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, fue uno de los primeros organismos en calificar y/o reconocer al concepto “acceso a la información pública” como parte integrante del derecho a la libertad de expresión, es decir, consolidándolo como un derecho humano. Paralelamente la denominada economía de la información se ha concentrado en el problema de la información dispar o desproporcionada entre la sociedad y el estado.
Desarrollo del caso
Podríamos partir de la idea de que el Estado y la Sociedad celebran un contrato basado en considerar que la profesionalidad del Estado, lo habilita para abordar aquellos asuntos de la Sociedad como las cuestiones de carácter público.
Max Weber hace hincapié en que el político debe tener tres cualidades: a) La pasión, b) El sentido de la responsabilidad y c) La mesura. La primera de ellas se refiere a su entrega a la causa, no significa que la pasión transforma al hombre y lo transforma en político, sino que éste se pone al servicio de la “causa”, al dios o al demonio que la gobierna. En cuanto a la responsabilidad, refiere a que la causa constituya “la brújula” que guíe su acción. Finalmente, con relación a la mesura, una cualidad psicológica decisiva del político comprende a la “capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad”, es decir, esta cualidad se orienta a evitar la ausencia de tranquilidad frente a la realidad, manteniendo distanciados los hombres y las cosas1.
Asimismo, cabe destacar que este contrato no implica una delegación total, sino que solo se orienta al compromiso que la Sociedad asume de controlar al Estado. Este control tiene como objetivo lograr que el Estado ajuste su comportamiento a: 1) Dar cumplimiento a este contrato 2) Dirigir sus esfuerzos a alcanzar objetivos públicos en lugar de satisfacer intereses de tipo individual / privado.
Es una buena oportunidad para adentrarnos en el concepto de “información asimétrica” entre la Sociedad y el Estado. En tal sentido, Joseph E. Stiglitz2 y Richard J. Arnott explicaron que los problemas de selección adversa y de riesgo moral, es así que la Sociedad desinformada o carente de información completa sobre el accionar del Estado asume un riesgo2.
Podemos encontrar cotidianamente ejemplos de riesgo moral en las prepagas. El seguro médico tiene problemas de selección adversa y de riesgo moral. Reduce los incentivos de los individuos para cuidarse y para no utilizar excesivamente los servicios sanitarios y así las empresas aseguradoras puedan aumentar más sus beneficios asegurándose de que solo cubren a los más sanos que aumentando su eficiencia.
Otro ejemplo típico es aquel que se constituye en un importante motivo por el que existe la seguridad social. Si el Estado proporciona considerable ayuda a los ancianos que no tienen garantizada una jubilación, los individuos tendrán insuficientes incentivos para ahorrar para su propia jubilación.
De esta forma podríamos concluir que el manejo de información privilegiada y exclusiva del Estado de cierta forma puede producir consecuencias adversas para la Sociedad.
Un flagelo que recorre la región de América Latina, y en particular Argentina, es aquel referido a las prácticas de corrupción que involucran funcionarios públicos, haciendo uso de la información y del poder del Estado con el objetivo de alcanzar beneficios de orden individual (privados) en lugar de abordar la resolución de problemas públicos y ajustar su comportamiento frente a este contrato entre la Sociedad y el Estado.
Podríamos animarnos a definir a la “información pública”, de acuerdo a este acuerdo “contrato” entre la Sociedad y el Estado, como aquella información cuya interpretación social permite al Estado adecuar su conducta al interés de la Sociedad.
Pensado de esta manera, es fácil ver que, considerando desde un punto de vista técnico, la definición se ajustaría a este concepto “Información que una vez interpretada por la Sociedad es de utilidad para el Estado, y este podría ajustar su conducta al acuerdo / “contrato” Sociedad/Estado.”
En resumen, puede concluirse que bajo el modelo de Sociedad / Estado, la información pública responde a dos ideas fundamentales:
i) La utilidad del Estado.
ii) La interpretación de la Sociedad
A su vez, la interpretación de la Sociedad queda sujeta a la probabilidad de que sea de utilidad para el Estado. Por su parte la utilidad que hace el Estado depende de la probabilidad de que éste ajuste su comportamiento al acuerdo Sociedad / Estado.
Conceptualmente, el Estado, con el fin de proveer su funcionamiento, produce información. Va de suyo, que para que esta información ofrecida tenga una demanda aceptable, no solo el Estado debe tener acceso y conocimiento a ella, sino también la Sociedad. Si no fuera así aquello con que se cuenta es información de “uso interno”, pero no “pública” de demanda social.
Estrategias contra la corrupción frente a la política pública
Regresando al concepto de corrupción, es fácil advertir que puede abordarse y analizarse como un acuerdo, luego de transitar un proceso de negociación, que comprende las diversas alternativas de persuasión y comunicación establecidas entre ambos jugadores. Este proceso de negociación generalmente conduce o culmina en un acuerdo de corrupción.
Si tratáramos de interpretar esta definición, encontraríamos 4 características distintivas:
i. Interacción entre dos o más jugadores;
ii. Abuso de poder, echando mano a la autoridad para obtener beneficios individuales;
iii. Ocultamiento de un acuerdo, encubriendo beneficios o ventajas, que descarta totalmente la publicidad de esta negociación; y
iv. Transgresión / Evasión de normas o reglas formales o informales.
Al considerar los casos de corrupción se supone, que los participantes alcanzan un acuerdo porque ambos poseen una misma expectativa: ganar.
También es cierto que la incorporación de riesgos en una negociación corrupta lo convierte en un acuerdo poco o menos atractivo, pues es menos valorado que otra negociación donde la obtención de beneficios no posee riesgos asociados.
El núcleo central de los problemas de los acuerdos de corrupción se presenta en el área de beneficios, sin caer en aquellos en los cuales quien recibe la oferta deba anticipar riesgos.
Cabe destacar además que las condiciones imperantes en las instituciones públicas y políticas juegan un papel vital para el alcance de objetivos asociados con la corrupción, por ello es importante modificar las estrategias de quien ofrece y quien recibe en este pacto. ¿Cómo?. Licuando la reputación a través de la introducción de “red flags”.
Pensemos solo un segundo sobre la reputación. ¿Qué podríamos intentar para “licuarla”?. Podría proponerse como sucedió en otros gobiernos la creación y distribución de “black lists” para exponer públicamente a las organizaciones sancionadas por defraudación contra el Estado. De esta manera puede evitarse la contratación por parte del Estado de empresas allí incluidas.
Sin embargo, esta línea opera sobre la reincidencia en el actuar de los participantes, pero no interfiere en su reincorporación.
Bajo el denominado “juego de la política pública” un “player” corrupto actúa contra el Estado. El Estado debe mantener una doble estrategia de carácter persistente si pretende evitar un acuerdo: Hacer una amenaza (de cancelación) conjuntamente con una promesa de abstención (concesión). Un caso de renombre en Argentina vinculado con redes corruptas fue el caso Siemens.
Un fenómeno extremadamente conocido e interesante es el denominado “puertas giratorias” cuya definición fue tratada por “Transparency International”. Este refiere ”al movimiento de profesionales que pasan de trabajar en el sector público al sector privado y viceversa, aprovechándose por ejemplo de la experiencia y contactos adquiridos durante su cargo público para ponerlo al servicio de un empleador”3.
Una real preocupación de este modelo de corrupción es de qué manera puede comprometer la integridad e imparcialidad de la función pública. Por lo tanto, si bien este traslado no debe ser desalentado, debe controlarse. De lo contrario, las políticas pueden resultar distorsionadas de 2 maneras:
- Utilizar información privilegiada obtenida a través de un empleo en el Estado (contratos personales o profesionales) y ponerla al servicio de una organización con miras a encarar negociaciones o contrataciones públicas, con entidades del sector público.
- Existe un riesgo de que los ministros u otros funcionarios públicos otorguen ventajas injustas o indebidas a un sector, industria o compañía a cambio de contratos o empleos lucrativos luego de abandonar la administración pública.
Conclusiones
A modo de conclusión, podemos decir que algunos de los aspectos claves que deberían incluirse en las políticas contra la corrupción, y que posibilitan que la negociación caiga dentro de un estado de “punto muerto”, pues ambas partes se comprometen a mantener posiciones incompatibles, son:
i) Que la parte que recibe la oferta identifique probables riesgos en la negociación.
ii) Incorporar a las políticas de corrupción un condimento de desconfianza entre los jugadores. A modo de ejemplo podría mencionar:
- perjudicando la reputación de quien lleva a cabo la oferta en el acuerdo trasladando esta idea a la contraparte de que no puede conocer “verdaderamente” cuál es el proceso de corrupción que muy bien conoce quién oferta).
- o transmitir a la parte que recibe la oferta en qué consiste el proceso de En consecuencia, esta “conciencia” de información asimétrica sumada a la incorporación de “red flags” de riesgos, se constituyen en la clave contra la corrupción.
Resistir la corrupción no solo implica tomar una posición ética, también los riesgos deben ser tomados previamente y asegurar de comunicar una “amenaza” sujeta a una condición.
1 Max Weber and Weiss “El político y el científico” – Colección Ciencias Sociales y Humanidades – UACM.
2 Joseph E. Stiglitz “The Basic Analytics of Moral Hazard“ NBER Working Paper Series – National Bureau of Economic Research – 1984.
3 “Reglamentar el fenómeno de las puertas giratorias” – Documento de trabajo de TI N° 06/2010 – Transparency International.
