Por Ximena Vazquez Trujillo, Graduada de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC – UCEMA).
En el último tiempo empezaron a conocerse casos de imágenes de alumnos alteradas con Inteligencia Artificial en colegios porteños. Son la punta visible de un problema más profundo: las instituciones educativas manejan a diario información sensible de sus alumnos, familias y docentes, pero frente a una crisis digital no tienen un plan de contingencia claro para responder. El mundo corporativo hace rato estructuró ese plan y le puso nombre: compliance. Es momento de que el ámbito educativo también lo adopte.
Un padre entra a la dirección con el celular en la mano. En la pantalla, una imagen de su hija/o, generada con inteligencia artificial, circulando en un grupo de WhatsApp del curso. La directora no sabe qué hacer primero: ¿llamar a la familia del alumno que la generó? ¿Preservar la imagen como prueba o borrarla cuanto antes? ¿Avisar a la policía, al Consejo Escolar, a un abogado? ¿Hablar con los medios si esto se filtra?/
No es un ejercicio hipotético. Pasó en más de un colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el último año¹, y va a seguir pasando, allí y/o en alguna otra institución educativa del país. La tecnología para generar estas imágenes es gratuita, está a un clic y no requiere ninguna habilidad especial. Cualquier chico con acceso a un dispositivo puede hacerlo.
Llevo veinte años trabajando en el sistema penal y vi en primera persona cómo estos casos llegan a la Justicia: muchas veces tarde, mal armados, con evidencia perdida o contaminada, y con instituciones que actuaron por instinto y no con un protocolo claro. Hoy trabajo del otro lado, diseñando programas de compliance para empresas. Y lo que veo es una asimetría que no tiene sentido: gran parte del sector corporativo hace rato viene implementando programas de compliance con reglas claras, canales de denuncia, protocolos de actuación y capacitación para su personal. Un colegio, que maneja los datos personales e imágenes de cientos de menores, en base al conocimiento que tengo de la temática, no suele tener nada de eso: de los colegios a los que les llevé esta propuesta, ninguno contaba con un programa de compliance armado, y solo algunos habían escuchado hablar de la temática.
El vacío no es solo legal
Es tentador pensar que el problema es que «no hay ley». Y en parte es cierto, la Argentina todavía no tiene una norma específica sobre imágenes generadas o alteradas con IA, y los casos que llegan a tribunales se arman con figuras penales pensadas para otra cosa —distribución de material, amenazas o violencia de género, según el caso— estiradas para cubrir un hecho que el Código Penal no imaginó.
Pero esperar a que la ley cambie no le resuelve la crisis a un colegio, cuando está con una familia reclamando y exigiendo respuestas. El vacío real, el que sí está al alcance de cualquier institución, es otro: el de gestión. Cuando pasa algo, algunas preguntas clave que debieran formularse son: ¿quién decide qué se hace en la primera hora? ¿Cómo se preserva una captura de pantalla sin que se pierda la metadata? ¿Quién habla con la familia y quién con la prensa? ¿Existe un registro de que el colegio actuó, y cuándo?
Un protocolo no solo busca el auxilio de la justicia; busca demostrar la debida diligencia de la institución. Cuando una escuela reacciona por improvisación, se expone a graves consecuencias civiles y reputacionales por omisión o mala praxis en la gestión de la crisis.
La Ciudad de Buenos Aires publicó a fines de 2024 un protocolo de violencia digital para escuelas. Es un paso necesario: ordena cómo acompañar a los chicos involucrados, exige dejar registro escrito de lo actuado, resguardar la intimidad de los estudiantes y deriva a Fiscalía cuando corresponde. Pero no dice nada sobre cómo se preserva puertas adentro una evidencia digital en concreto: cómo se guarda una captura de pantalla sin perder la metadata, quién la custodia, cómo se evita que se contamine antes de llegar a la Justicia, ni si queda registro de fecha y hora de cuándo se tomó. Y, sobre todo, un protocolo archivado no sirve de nada si nadie lo incorpora a la rutina del colegio. Mi propuesta es que ahí es donde el compliance tiene algo para aportar, concretamente: protocolos a medida, canales de denuncia, capacitación por rol, cadena de custodia de la evidencia, vocería única ante una crisis, trazabilidad de cada decisión. Minimizar el riesgo y saber actuar cuando el problema llega, en lugar de improvisar.
Lo que el compliance ya sabe hacer
No hace falta reinventar nada. Hace falta adaptar a la escuela cinco piezas que en muchas empresas son una práctica habitual y que, hoy, casi nunca existen en un colegio:
- Un canal de denuncia real y confidencial: No alcanza con un comentario suelto en el pasillo con la preceptora o un docente, sin que quede registro de nada. No hace falta un sistema costoso ni complejo: alcanza con que haya un canal definido, que toda la comunidad educativa sepa que existe, y que resguarde la confidencialidad —que lo que se informa quede escrito, fechado y trazable. Eso ayuda a reconstruir después qué supo la institución y cuándo.
- Un protocolo de preservación de evidencia digital: Esto es lo que más falta en la práctica. Una captura de pantalla mal tomada, un chat borrado o modificado, o un celular que se reinicia, pueden entorpecer o anular una investigación judicial. Un protocolo simple —saber a quién avisar cuando sucede algo, registrar fecha y hora, cómo se guarda la evidencia y quién la custodia— evita ese desastre.
- Capacitación diferenciada por rol: La comunidad escolar entera necesita una capacitación general de base para saber cómo actuar. Pero eso no alcanza: un docente, por ejemplo, que tiene contacto cotidiano con los alumnos, necesita además una capacitación específica distinta a la del equipo de admisiones, que suele tener menos esa cercanía diaria con ellos. Cada rol tiene un grado y un momento distinto de contacto con el problema, y necesita saber exactamente cómo proceder.
- Un circuito claro de derivación a la autoridad competente: Saber, antes de que pase algo, a quién se llama, en qué orden, y qué información se comparte y cuál no. Improvisar esto en el momento de la crisis es la forma más segura de cometer un error que después es muy difícil de explicar.
- Revisión posterior y mejora continua: Cada incidente es una oportunidad de aprender: qué funcionó y qué no en la respuesta institucional, y qué hay que ajustar. Esto no evita que un alumno vuelva a comportarse de cierta manera —eso excede lo que cualquier protocolo puede controlar—, pero sí evita que el colegio cometa el mismo error de gestión dos veces.
Humanizar el problema, no solo gestionarlo
Quiero remarcar algo que me parece central: del otro lado de cada uno de estos protocolos hay un chico o chica que no eligió que su imagen circule, y una familia que no sabe si confiar en la institución a la que su hijo acude todos los días. La gestión ordenada no es un fin en sí mismo; es la vía para que una institución esté a la altura de las circunstancias, cuide realmente a su comunidad y no reaccione por instinto o miedo al impacto mediático, sino con un procedimiento pensado de antemano.
Eso también protege a la institución, por supuesto. Pero el orden, en primer lugar, cuida a los chicos. Por eso insisto en que la protección de los alumnos no se agota en la convivencia y los valores: también pasa por cómo se gestiona la información, los datos personales y la evidencia digital.
El momento es ahora
Los casos van a seguir apareciendo, porque la tecnología que los hace posibles avanza a una velocidad exponencial. La pregunta no es si un colegio va a tener que enfrentar esto, sino cuándo, y si va a estar preparado o va a improvisar frente a una familia angustiada y la mirada de la sociedad.
El compliance corporativo nos da las herramientas. Las instituciones educativas tienen hoy la oportunidad de tomar ese conocimiento, adaptarlo a su realidad y empezar a usarlo antes de que la próxima crisis las encuentre, otra vez, sin protocolo.
Datos de la autora: Ximena Vazquez Trujillo, Graduada de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC – UCEMA). Abogada (Argentina), con posgrado en Derecho Penal. Maestría Internacional en Cibercrimen y Nuevas Tecnologías. Actualmente consultora independiente en compliance y protección de datos para empresas de Argentina, Brasil y Estados Unidos, y desarrollando un programa de compliance digital para instituciones educativas.
¹ Entre julio y agosto de 2026, distintos medios argentinos dieron cuenta de casos de este tipo en colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Referencias en formato APA:
• Infobae. (2026, 9 de julio). Denuncian a alumnos de secundario por generar fotos de sus compañeras desnudas con IA y venderlas. https://www.infobae.com/sociedad/2026/07/09/denuncian-a-alumnos-de-secundario-por-generar-fotos-de-sus-companeras-desnudas-con-ia-y-venderlas/
• Infobae. (2026, 10 de julio). La Justicia investiga los casos de las fotos de alumnas de la UBA desnudas editadas con IA. https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2026/07/10/la-justicia-investiga-los-casos-de-las-fotos-de-alumnas-de-la-uba-desnudas-editadas-con-ia/
• Tiempo Argentino. (2026, 13 de julio). Fotos de alumnas desnudadas con IA: “Constantemente recibimos este tipo de denuncias”. https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/desnudas-fotos-alumnas-con-ia/amp/
