Por Ana Carina Larocca, Directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción.
La corrupción es un fenómeno sumamente nocivo que impacta de lleno sobre las naciones, impidiendo su desarrollo y acentuando la falta de inversión y la pobreza.
Luchar contra este flagelo ha sido motivo de preocupación y objeto de múltiples directrices y acuerdos en el marco de organismos e instituciones internacionales. En estos foros se vienen impulsando, desde fines del siglo pasado, diferentes estrategias tendientes a fortalecer la prevención de la corrupción, así como a dotar de mayor eficacia su control y sanción.
Hoy nadie discute que, a la par de la persecución y condena de los hechos ilícitos, deben preverse dispositivos normativos, operativos e institucionales que se anticipen a su comisión y procuren evitarlos. Es aquí donde adquieren dimensión los sistemas de integridad pública, dentro de los cuales el régimen de conflicto de intereses ocupa un lugar central.
Este régimen está conformado por un conjunto de reglas claras y objetivas que deben respetar los servidores públicos para preservar -y demostrar- la independencia de criterio con la que adoptan sus decisiones. Su finalidad es evitar que sus intereses personales, profesionales o económicos interfieran con el interés general que, como funcionarios, deben tutelar.
Si bien los conflictos de intereses no necesariamente suponen un acto de corrupción, implican un riesgo que debe ser gestionado adecuadamente. Para ello es indispensable, en primer lugar, que quienes ejercen funciones públicas puedan identificarlos. Y, en segundo término, que sepan de qué modo actuar, qué límites deben respetar y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. En la medida en que conozcan, comprendan y asuman como propio este régimen, podrán obrar de manera íntegra y transparente, contribuyendo a la realización del bien común y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Para cumplir este objetivo, resulta indispensable que el Estado no solo establezca reglas formales, sino que además acerque a sus funcionarios herramientas prácticas y accesibles, que los ayuden a interpretar y cumplir esos mandatos legales.
En el año 2017 la Oficina Anticorrupción (OA) desarrolló y puso a disposición del público, una innovadora herramienta digital: el Simulador de Conflicto de Intereses. Se trata de una aplicación de consulta anónima, disponible en la página web del organismo, a través de la cual un funcionario puede conocer, respondiendo un simple cuestionario autoadministrado, si se encuentra o no en una situación de conflicto de intereses y, en tal caso, cómo debe actuar.
Su diseño contempla el análisis de la situación de quien:
Cabe aclarar que la herramienta no sólo es útil para los agentes estatales, sino también para la ciudadanía en general, que puede realizar consultas sobre la situación de terceros y comprender mejor las reglas que rigen el desempeño de la función pública.
La utilidad del simulador quedó reflejada en sus cifras de uso. Solo en el primer semestre de 2025 registró 4286 visitas de 3066 usuarios distintos, lo que evidenció tanto el interés en la temática como la conveniencia de contar con un mecanismo de consulta aún más ágil y accesible.
Recientemente el Simulador dio un paso más en su evolución: fue incorporado al Chatbot Oficial TINA, el asistente virtual del Gobierno Nacional.
TINA interactúa de manera conversacional con la ciudadanía, brinda información y acompaña en la realización de trámites del Estado nacional durante las 24 horas, todos los días del año.
La integración del Simulador de Conflictos de Intereses a esta plataforma implicó un significativo avance en términos de accesibilidad y cercanía con los usuarios.
Desde junio de 2025 cualquier persona puede ingresar al sitio web de la Oficina Anticorrupción e iniciar una conversación con TINA (el asistente virtual se despliega automáticamente al ingresar en la página institucional del organismo) y, a través de un diálogo en lenguaje sencillo y claro, con preguntas sobre situaciones concretas, puede determinarse si se configura un conflicto de intereses y cómo se debe proceder.
El Simulador ya era una herramienta disponible para cualquier persona, de manera anónima y gratuita, desde un teléfono celular, tablet o computadora. Sin embargo, su incorporación a TINA potencia su accesibilidad. El formato conversacional hace más personal e intuitivo el proceso, evitando tecnicismos y acercando la normativa a un lenguaje cotidiano.
Asimismo, eleva su eficacia como instrumento de prevención. En efecto, al facilitar las consultas, permite a quienes se desempeñan como funcionarios, así como a quienes lo fueron o aspiran a serlo, identificar con antelación posibles incompatibilidades y actuar de acuerdo al marco legal vigente.
El desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación en la prevención de la corrupción se ha transformado en un eje de discusión para los organismos multilaterales con competencia en esta materia.
El “uso de soluciones de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas para mejorar la rendición de cuentas” fue considerado como tema transversal en la última conferencia de la “Plataforma Regional para acelerar la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en Sudamérica y México”, realizada en Asunción, República del Paraguay, en julio de este año. En este foro se reunieron representantes gubernamentales, judiciales y de la sociedad civil de los distintos países que integran la iniciativa, para fijar una agenda común que impulse la prevención y el combate contra la corrupción[1].
La temática también integró la agenda de la 16va Sesión del Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción (en el marco del mecanismo de seguimiento de la Convención de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción), que tuvo lugar el pasado mes de junio, uno de cuyos ejes de análisis fue “El uso de tecnologías de la información para la prevención de la corrupción en la contratación pública”. Allí la delegación Argentina presentó, entre los avances de nuestro país, el nuevo desarrollo del Simulador aquí reseñado[2].
Es importante dotar a los Estados de mecanismos preventivos, accesibles y basados en tecnología, para abordar los riesgos de integridad. La reciente incorporación del Simulador al Chatbot TINA, se orienta en este sentido, potenciando el alcance de la herramienta original, al insertarlo en un ecosistema más amplio, en el que la ciudadanía ya se relaciona cotidianamente para realizar trámites, acceder a información o resolver consultas. La ética pública, de esta manera, se integra a la vida digital de las personas y deja de ser percibida como un recurso aislado o meramente normativo.
Para los funcionarios, la posibilidad de contar con un canal dinámico, personal y anónimo para realizar consultas resulta especialmente valioso. Ello en tanto contribuye a resolver la dificultad de interpretar si una situación concreta encuadra o no en una prohibición o restricción legal, fomentando decisiones más responsables.
Para la ciudadanía, robustece su rol como colaborador en la gestión del bien común, permitiéndole detectar -y reportar- situaciones en las que no se están cumpliendo, o se cumplen de manera defectuosa, los mecanismos de gestión impuestos normativamente. Cabe señalar, en este aspecto, que el Chatbot también brinda la posibilidad de reportar posibles hechos de corrupción, enlazando la herramienta con la plataforma de denuncias de la OA.
Debe destacarse que esta herramienta no reemplaza las instancias formales de control y consulta, sino que las complementa. Su objetivo es generar conciencia y orientar al funcionario para que pueda cumplir adecuadamente con sus deberes. En ese sentido, el simulador actúa como un puente entre la norma y la práctica cotidiana, reforzando la cultura de cumplimiento voluntario.
El desafío es mantener actualizada la herramienta, incorporándole eventuales reformas normativas y nuevas situaciones que puedan surgir en el marco de la gestión pública. La dinámica de la interacción entre el Estado y el sector privado exige que los mecanismos de consulta evolucionen en forma paralela. Asimismo, resultará importante que la OA, a cargo de esta herramienta, utilice el insumo que le brindan las métricas de uso (cantidad de consultas, cuáles son aquellas más frecuentes), para detectar vulnerabilidades e implementar estrategias de capacitación y control más específicas.
En suma, la ética pública se construye día a día a través de acciones concretas que facilitan el comportamiento íntegro u orientan la toma de decisiones en el sentido correcto. La puesta a disposición del simulador de conflicto de intereses en una plataforma de uso cotidiano como TINA coloca al Estado en un rol de acompañamiento y orientación y, a la par, promueve que los ciudadanos participen en la construcción de una administración más transparente, íntegra y confiable, demostrando que la innovación digital puede ser una aliada estratégica para fortalecer la confianza institucional.
[1] https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/agosto-2025/mxico-y-sudamrica-comprometidos-en-redoblar-esfuerzos-para-luchar-contra-la-corrupcin.html, disponible el 7/9/2025.
[2] https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-oficina-anticorrupcion-participo-de-los-grupos-de-trabajo-de-la-convencion-de-las-1, disponible el 7/9/2025.
Esta Comisión tiene por finalidad identificar, analizar y evaluar estrategias para el diseño e implementación de un programa de cumplimiento, con la particularidad de poner el foco en el ser humano. Los programas de compliance son cada vez más sofisticados y, en teoría, perfectos, pero requieren un cambio corporativo cultural en el que el factor humano es central, pero naturalmente imperfecto. Las neurociencias complementadas por otras disciplinas como la psicología, la genética, la biología, la medicina, el derecho, la antropología y otras, son herramientas que permiten evaluar diferentes opciones a la hora de tender puentes entre un programa de compliance y el ser humano.
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Esta Comisión se propone analizar aquellos aspectos de compliance vinculados a los datos personales y la privacidad, así como explorar los problemas morales vinculados a los datos, los algoritmos y las prácticas correspondientes, buscando las mejores soluciones tanto desde el punto de vista organizacional, como desde una perspectiva ética.
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Esta comisión tiene como propósito integrar la gestión de la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIP) como un pilar clave para fomentar una cultura ética en las organizaciones, siendo esto esencial para resguardar la reputación de la empresa y fortalecer su programa de compliance.
Una gestión efectiva de la DEIP favorece la generación de entornos seguros para expresar preocupaciones, hacer preguntas, ordenar el comportamiento, autorregularse o reportar incidentes, todo lo cual es esencial para consolidar una cultura de integridad.
Dado que la diversidad y la ética son aspectos transversales, su adecuada gestión genera a su vez múltiples beneficios para el desarrollo de las instituciones y los negocios, promoviendo entornos más inclusivos, innovadores y sostenibles.
Esta Comisión se propone como objetivo incentivar y motivar a los concurrentes a una discusión entre pares sobre temas de defensa de la competencia, con foco en compliance y sobre la base de la normativa vigente.
Se propone un espacio para compartir experiencias y conocimiento, generando encuentros con dinámicas y temáticas atractivas, brindando, además, herramientas para la mejor implementación de los principios de competencia en el área de compliance.
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Esta Comisión nuclea profesionales vinculados con estas actividades (incluyendo bancos, compañías financieras, bursátiles y aseguradoras), para trabajar en diversas temáticas tales como prevención de lavado de dinero, fintech, cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo y toda otra cuestión que pudiera surgir a nivel contextual y tengan efectos o impacto en alguna de las industrias mencionadas.
Esta Comisión tiene por objetivo identificar las áreas de riesgo, analizar el contexto normativo y las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales, a efectos de brindar pautas de conducta que permitan a directores, gerentes y oficiales de cumplimiento adoptar acciones para prevenir y/o mitigar las consecuencias penales de su actividad. Además, se analizan y desarrollan temáticas inherentes al ámbito del derecho penal, siempre desde una perspectiva eminentemente práctica y vinculadas con cuestiones de compliance (vg. investigaciones internas, procesos judiciales, validez probatoria en juicio, etc.).
Esta Comisión invita a profesionales de compliance y funcionarios a explorar las alternativas de aplicación de las buenas prácticas de compliance corporativo en el ámbito estatal. La comisión es, a su vez, un espacio de reflexión teórica sobre public compliance y un grupo de estudio sobre las mejores prácticas en la materia, en organismos públicos y empresas estatales. Asimismo, funciona como un ámbito de networking genuino e intercambio de experiencias entre expertos en anticorrupción y compliance, practicantes recién llegados a la disciplina y funcionarios de todos los niveles y poderes del Estado.
Esta Comisión aborda los temas concernientes a compliance en la industria farmacéutica y dispositivos médicos, en un ámbito profesional de confianza que auspicia el debate abierto de problemáticas de interés común.
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Esta Comisión propone ser un lugar de encuentro de los profesionales que se desarrollan en prácticas vinculadas con la prevención, detección y respuesta al fraude en las organizaciones. La comisión trabaja activamente para desarrollar y compartir entre pares las mejores prácticas del mercado en materia anti-fraude y anti-corrupción.
Esta Comisión propone una dinámica teórico-práctica, cuyo alcance se vincula con las cuestiones metodológicas que coadyuvan a la implementación de un sistema de gestión, mediante la aplicación de uno o más estándares tales como –por ejemplo- ISO 19600, ISO 31.000, la implementación de una nueva normativa, o el diseño e implementación de planes de acción específicos. La Comisión se focaliza en aspectos de la gestión y en la resolución de los diversos problemas que se presentan en la realidad de las empresas (ya sean públicas o privadas y sin importar la actividad a la cual se dedican).
El Propósito de esta Comisión es permear la perspectiva de Sostenibilidad en la gestión estratégica del Compliance, profundizando la interrelación virtuosa que existe entre ambas disciplinas. Pretende ser un espacio no sólo de difusión y divulgación de temas vinculados a la Sostenibilidad, sino además -y especialmente- un catalizador de iniciativas que la promuevan entre todos los grupos de interés del ecosistema de la AAEC.
Esta Comisión invita a todas a aquellas personas con interés en promover buenas prácticas de Sostenibilidad a ser parte e involucrarse activamente en las distintas acciones que se lleven adelante.
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El objetivo de esta comisión consiste en tomar temas de interés o estudio de la AAEC y presentarlos para conversación, discusión y reflexión, desde la perspectiva de distintos marcos conceptuales, integrando los puntos de vista de varias comisiones de estudio. En este sentido, esta comisión propone una actividad con la característica de transversalidad.
La Comisión contribuirá de este modo a generar espacios de actualización, reflexión, o debate sobre diversos temas que son de interés de la AAEC por encontrarse dentro del marco conceptual de su trabajo. Los temas podrán ser cuestiones sobre las que la AAEC desea generar conciencia o cultura ética o temas de actualidad de la agenda del país, de la región o incluso a nivel mundial.