En este artículo, profundizamos los temas abordados por la comisión de Data Privacy & Ética Digital en dicho encuentro.
Directores: Agustín Allende y María Paula Díaz.
Para comenzar la jornada, Agustín Allende hizo hincapié en el significativo impacto que tuvo la pandemia del Covid-19 sobre la privacidad y la protección de los datos personales. Frente al manejo desacomodado de las instituciones con restricciones de garantías constitucionales es vital que haya un recupero inmediato de la confianza que se logra con transparencia en el actuar gubernamental y respeto de derechos fundamentales.
Luego se analizaron los recaudos que deberían cumplir los datos públicos dentro de las políticas activas de acceso a la información pública -primordialmente sobre la calidad de los datos públicos-, para luego analizar el desafío que se presenta en materia de privacidad y de datos personales que se han visto amenazados durante la pandemia por diferentes razones, pero primordialmente, por el impacto de las aplicaciones creadas para lidiar con el Covid-19.
En tal sentido, se detallaron los recaudos que no deben faltar en caso de restricciones a garantías constitucionales producto de situaciones excepcionales, y se hizo hincapié en las reglas aplicables a la recolección de datos personales especiales, como son los datos de salud y que merecen una tutela especial por parte del ordenamiento jurídico.
A modo de cierre se refirió al compromiso de las organizaciones y de cada individuo con la ética digital y las cuestiones que debían atenderse en el día después de la pandemia, haciendo mención a la necesidad de implementar programas de privacidad de las organizaciones, o verificar su eficacia en el marco de la pandemia y en su caso proceder a los ajustes pertinentes.
María Paula Díaz comenzó la segunda parte de esta presentación de la comisión, comentando sobre dos preocupaciones centrales de las organizaciones en el marco de la crisis y considerando los riesgos en el uso de datos personales y el manejo de información por fuera de los canales corporativos habituales.
En primer término, comentó sobre las reglas aplicables en materia de recolección de datos personales sensibles de empleados a efectos de la implementación de medidas preventivas y cumplimiento de exigencias normativas en materia de reporte y notificación, aplicables a las compañías. Comentó en qué condiciones y con qué reaseguros las compañías podían -y debían en ciertos casos-, procesar datos en materia de salud de sus empleados y cómo aplicar reglas de confidencialidad para el tratamiento adecuado de la información. Refirió a la convivencia de normas laborales y propias de la protección de datos personales y los principios generales aplicables en ambas materias.
En segundo lugar, comentó sobre las dificultades que enfrentan las compañías al mudar toda su actividad a la modalidad de trabajo remoto, utilizando para ello tecnologías nuevas, aplicando en ciertos casos herramientas informáticas no corporativas en casos de emergencia y sin contar con políticas y procedimientos adecuados para salvaguardar la confidencialidad de la información propia de las compañías y de terceras partes, bajo el control de la compañía. Comentó sobre las dificultades de los sistemas BYOD (Bring Your Own Device) y advirtió sobre la problemática de su uso generalizado.
Refirió asimismo a las dificultades que pueden enfrentar las organizaciones a la hora de aplicar medidas adecuadas para continuar con las tareas de monitoreo y control en el marco de la aplicación de las reglas del derecho regulatorio -incluyendo la normativa anticorrupción, la normativa de prevención de lavado de activos, defensa de la competencia y protección de datos personales-, dada la situación de emergencia determinada por la pandemia.
Finalmente, efectuó una serie de recomendaciones de cara al futuro, a fin de retomar los principios básicos en materia de protección de datos personales con el objetivo de procesar datos de manera consistente con las previsiones legales y dotar a las organizaciones de normas justas -y nunca excesivas- para atender los riesgos que involucra el procesamiento de datos personales, en especial, los sensibles.
Esta Comisión tiene por finalidad identificar, analizar y evaluar estrategias para el diseño e implementación de un programa de cumplimiento, con la particularidad de poner el foco en el ser humano. Los programas de compliance son cada vez más sofisticados y, en teoría, perfectos, pero requieren un cambio corporativo cultural en el que el factor humano es central, pero naturalmente imperfecto. Las neurociencias complementadas por otras disciplinas como la psicología, la genética, la biología, la medicina, el derecho, la antropología y otras, son herramientas que permiten evaluar diferentes opciones a la hora de tender puentes entre un programa de compliance y el ser humano.
Esta Comisión se propone analizar aquellos aspectos de compliance vinculados a los datos personales y la privacidad, así como explorar los problemas morales vinculados a los datos, los algoritmos y las prácticas correspondientes, buscando las mejores soluciones tanto desde el punto de vista organizacional, como desde una perspectiva ética.
Esta Comisión surge con el fin de visibilizar y generar conciencia sobre las múltiples temáticas que refieren a la diversidad. Su objetivo es generar espacios de aprendizaje conjunto, reflexión, intercambio, debate y análisis de estas cuestiones, con foco principal en aspectos concernientes a ética y compliance, así como también promocionar y promover una cultura de respeto por la diversidad dentro de nuestra sociedad.
Esta Comisión se propone como objetivo incentivar y motivar a los concurrentes a una discusión entre pares sobre temas de defensa de la competencia, con foco en compliance y sobre la base de la normativa vigente.
Se propone un espacio para compartir experiencias y conocimiento, generando encuentros con dinámicas y temáticas atractivas, brindando, además, herramientas para la mejor implementación de los principios de competencia en el área de compliance.
Esta Comisión nuclea profesionales vinculados con estas actividades (incluyendo bancos, compañías financieras, bursátiles y aseguradoras), para trabajar en diversas temáticas tales como prevención de lavado de dinero, fintech, cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo y toda otra cuestión que pudiera surgir a nivel contextual y tengan efectos o impacto en alguna de las industrias mencionadas.
Esta Comisión tiene por objetivo identificar las áreas de riesgo, analizar el contexto normativo y las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales, a efectos de brindar pautas de conducta que permitan a directores, gerentes y oficiales de cumplimiento adoptar acciones para prevenir y/o mitigar las consecuencias penales de su actividad. Además, se analizan y desarrollan temáticas inherentes al ámbito del derecho penal, siempre desde una perspectiva eminentemente práctica y vinculadas con cuestiones de compliance (vg. investigaciones internas, procesos judiciales, validez probatoria en juicio, etc.).
Esta Comisión invita a profesionales de compliance y funcionarios a explorar las alternativas de aplicación de las buenas prácticas de compliance corporativo en el ámbito estatal. La comisión es, a su vez, un espacio de reflexión teórica sobre public compliance y un grupo de estudio sobre las mejores prácticas en la materia, en organismos públicos y empresas estatales. Asimismo, funciona como un ámbito de networking genuino e intercambio de experiencias entre expertos en anticorrupción y compliance, practicantes recién llegados a la disciplina y funcionarios de todos los niveles y poderes del Estado.
Esta Comisión aborda los temas concernientes a compliance en la industria farmacéutica y dispositivos médicos, en un ámbito profesional de confianza que auspicia el debate abierto de problemáticas de interés común.
Esta Comisión propone ser un lugar de encuentro de los profesionales que se desarrollan en prácticas vinculadas con la prevención, detección y respuesta al fraude en las organizaciones. La comisión trabaja activamente para desarrollar y compartir entre pares las mejores prácticas del mercado en materia anti-fraude y anti-corrupción.
Esta Comisión propone una dinámica teórico-práctica, cuyo alcance se vincula con las cuestiones metodológicas que coadyuvan a la implementación de un sistema de gestión, mediante la aplicación de uno o más estándares tales como –por ejemplo- ISO 19600, ISO 31.000, la implementación de una nueva normativa, o el diseño e implementación de planes de acción específicos.
La Comisión se focaliza en aspectos de la gestión y en la resolución de los diversos problemas que se presentan en la realidad de las empresas (ya sean públicas o privadas y sin importar la actividad a la cual se dedican).
El propósito de esta Comisión es crear y promover un espacio apolítico y multisectorial en el cual se puedan discutir y generar compromisos, fomentar buenas prácticas y difundir conocimientos basados en ciencia que permitan asegurar la integridad y transparencia en un sector que aporta un gran porcentaje del PBI de América, así como construir confianza respecto de los procesos que se siguen para llevar productos seguros y de alta calidad a la mesa de la población.