¿Código de Ética Judicial? Una señal necesaria, pero todavía insuficiente
Por Mónica Artale y Diego Martinez, Directores de la Comisión de Compliance & Sector Público AAEC.
Dos noticias recientes comentan la propuesta de un nuevo Código de Ética para jueces —presentada ante el Consejo de la Magistratura— que busca fijar estándares claros de conducta para los magistrados. Según La Nación, la iniciativa apunta a reforzar principios como la probidad y la austeridad. Infobae, por su parte, destaca que el proyecto incorpora nociones de ética digital, relación con medios, transparencia y formación continua. A la luz de este impulso, cabe preguntarse: ¿pueden estas acciones ayudar a regenerar la confianza en la justicia? ¿Se necesita algo más profundo?
El Consejo de la Magistratura, junto con organizaciones del ámbito jurídico, presentó un proyecto de Código de Ética Judicial que busca establecer principios de conducta exigentes para juezas y jueces, tanto en el ejercicio de sus funciones como en el ámbito privado.
La iniciativa aparece en un momento especialmente delicado: apenas días después de que se aprobara la apertura de un proceso disciplinario contra un juez federal, acusado de vínculos con organizaciones criminales. En este contexto, resulta claro que el sistema judicial enfrenta no solo desafíos éticos, sino un problema más profundo de legitimidad pública.
La propuesta incorpora nociones como probidad, imparcialidad, austeridad y respeto por la institucionalidad. También alude a la necesidad de que las resoluciones judiciales sean comprensibles, transparentes y ejecutadas con diligencia. En principio, son valores indiscutibles. Son acciones en la dirección correcta, pero… ¿alcanzan?
Fijar estándares explícitos de conducta es un paso relevante, pero no puede confundirse con una verdadera acción estratégica en pos de la integridad. La cultura judicial argentina ha tendido históricamente a una autonomía cerrada, con escasa disposición a la revisión crítica interna.
Cabe recordar que los jueces están alcanzados, al igual que el resto de los funcionarios públicos, por la Ley de Ética Pública N.º 25.188 desde su sanción en 1999. Sin embargo, en más de dos décadas de vigencia, no se conoce ningún esfuerzo sostenido por parte del Poder Judicial para hacer plenamente operativa esa norma en su ámbito.
No resulta difícil proponer iniciativas que podrían complementar esta propuesta para convertirla en una verdadera estrategia de fortalecimiento de la integridad judicial:
- La creación de espacios institucionales de deliberación ética al interior del Poder Judicial, con legitimidad y autonomía para abordar dilemas reales.
- El establecimiento de protocolos claros de relacionamiento con actores externos.
- La implementación de capacitaciones periódicas y obligatorias en integridad judicial, más allá de la formación técnica.
- La mejora de mecanismos de denuncia y supervisión abiertos a la ciudadanía en general, con posibilidad de reporte anónimo de buena fe, así como garantía de confidencialidad y protección para quienes denuncian.
- La publicación sencilla y en formato abierto de las declaraciones patrimoniales de todos los magistrados. También la de antecedentes laborales y docentes de los jueces que permitan detectar conflictos de intereses.
- La revisión de los incentivos y evaluaciones en la carrera judicial, para que la conducta ética no dependa solo de la autorregulación individual.
La integridad judicial no se sostiene solo con normas escritas. Requiere convicción institucional, mecanismos de revisión y voluntad de rendición de cuentas.
Más información:
– La Nación: https://www.lanacion.com.ar/politica/presentan-un-nuevo-codigo-de-etica-para-regular-las-conductas-de-los-jueces-nid03062025/
– Infobae: https://www.infobae.com/politica/2025/06/03/impulsan-un-codigo-de-etica-judicial-para-garantizar-un-servicio-de-justicia-que-inspire-confianza/
