Por Laura Guimpel y Nicolas Franco. Codirectores de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera & Fintech – AAEC.
Históricamente, la conversación sobre financiamiento del terrorismo estuvo concentrada en identificar organizaciones, seguir movimientos de fondos, aplicar listas de sanciones y analizar operaciones vinculadas con personas o entidades sospechosas.
Sin embargo, al igual que pasa en materia de Prevención de Lavado de Dinero, el fenómeno está evolucionando, se está sofisticando y obliga a ampliar esa mirada.
La reciente “Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque”, publicada en agosto de 2026 por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) del Ministerio Público Fiscal argentino, aporta una perspectiva particularmente relevante: el terrorismo no comienza con el atentado. “El ataque es, en realidad, el último eslabón de un proceso que puede incluir radicalización, propaganda, reclutamiento, formación, financiamiento y logística.”
Este cambio de perspectiva plantea nuevos desafíos para las instituciones financieras, fintech, proveedores de servicios de activos virtuales y, en general, para todos aquellos actores que forman parte del ecosistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El terrorismo como un proceso
Uno de los principales aportes de la Guía es presentar el denominado “ciclo terrorista”.
La experiencia internacional muestra que una parte significativa del tiempo y los recursos vinculados con el terrorismo se destina a actividades previas: propaganda, adoctrinamiento, reclutamiento, radicalización, financiamiento, obtención de medios logísticos, inteligencia y selección de objetivos. El acto violento representa solamente la etapa final y visible de ese proceso.
Esta concepción modifica necesariamente la lógica preventiva.
Si esperamos encontrar únicamente una transferencia hacia una organización terrorista conocida o una persona incluida en una lista de sanciones, probablemente estaremos observando solo una pequeña parte del problema. Los esquemas actuales pueden involucrar actores solitarios, pequeñas células, redes descentralizadas y procesos de auto radicalización desarrollados casi completamente en entornos digitales.
Precisamente, la Guía destaca que muchas de las conductas relevantes ocurren antes del ataque y frecuentemente en ámbitos digitales, descentralizados y transnacionales. Allí se desarrollan actividades de propaganda, adoctrinamiento, reclutamiento y coordinación.
La pregunta deja entonces de ser solamente “¿quién financia al terrorismo?” y pasa también a ser “¿qué señales permiten advertir que una persona está evolucionando desde la radicalización hacia una capacidad o intención operativa?”
De señales aisladas a patrones de riesgo
Otro aspecto particularmente interesante del documento es que evita buscar un supuesto “perfil del terrorista”.
La Guía reconoce expresamente que no existe un perfil único que permita predecir quién cometerá un atentado a partir de variables personales como edad, sexo, raza, ideología, creencias o condición socioeconómica. En cambio, propone observar la convergencia de indicadores ideológicos, conductuales y sociales y su evolución a lo largo del tiempo.
El modelo identifica cinco grandes niveles o etapas:
- Teorías conspirativas y polarización social.
- Identificación con ideologías extremistas.
- Escalada discursiva.
- Extremismo violento.
- Movilización.
Lo importante es que ninguno de estos elementos debería analizarse aisladamente.
La propia Guía advierte que los indicadores deben evaluarse de manera contextual, proporcional y acumulativa y que ninguno constituye, por sí solo, evidencia suficiente de criminalidad.
Esta lógica resulta muy familiar para quienes trabajamos en prevención de delitos financieros: una señal de alerta no es una conclusión, es el comienzo de un análisis.
¿Qué significa esto para las instituciones financieras?
Aquí aparece, probablemente, uno de los puntos de mayor interés para Compliance.
La actividad financiera constituye una pieza más dentro de un ecosistema mucho más amplio de información. La Guía incorpora expresamente la inteligencia financiera como una de las siete dimensiones de investigación y menciona el análisis de movimientos bancarios, reportes de operaciones sospechosas, transferencias nacionales e internacionales, criptomonedas, plataformas de pago digital y mecanismos de ocultamiento patrimonial. Su finalidad no es únicamente detectar quién “financia” una organización, sino también identificar facilitadores, redes de apoyo y capacidad logística.
Esto genera un desafío relevante para los modelos tradicionales de monitoreo.
Una persona que avanza hacia la movilización puede no presentar inicialmente grandes movimientos de fondos. Sus operaciones podrían estar vinculadas con gastos aparentemente ordinarios que adquieren otro significado cuando son analizados dentro de un contexto más amplio.
La propia guía menciona, entre otros comportamientos, desembolsos dinerarios urgentes, cierres apresurados de cuentas bancarias, compra de pasajes hacia zonas de conflicto y adquisición de determinados materiales o equipamiento como elementos que pueden resultar relevantes dentro de una evaluación integral.
El desafío para las instituciones financieras será, por lo tanto, avanzar progresivamente desde modelos basados exclusivamente en reglas transaccionales hacia esquemas comportamentales que permitan integrar múltiples dimensiones de riesgo, similar a lo que está ocurriendo en el cambio de paradigma en material de prevención de lavado de dinero.
No significa que un banco deba transformarse en una agencia de inteligencia ni monitorear las opiniones de sus clientes. Significa algo diferente: mejorar la capacidad de contextualizar señales financieras cuando convergen con otros factores de riesgo legítimamente disponibles, fortaleciendo la calidad de los procesos de investigación y reporte.
Tecnología, datos e inteligencia: el próximo paso
El fenómeno descrito por SAIT y UFECO es profundamente digital. Redes sociales, servicios de mensajería, comunidades virtuales y plataformas digitales pueden intervenir en diferentes etapas de radicalización y reclutamiento.
La Guía destaca incluso la importancia de analizar no solamente el contenido publicado, sino la plataforma utilizada, la frecuencia de las publicaciones, las conexiones digitales, la utilización de múltiples cuentas y determinados mecanismos destinados a ocultar la identidad o evitar la detección.
Para el sector financiero esto refuerza una tendencia que ya estamos observando en materia de Financial Crime Compliance: el futuro no estará en generar más alertas, sino en generar mejor inteligencia.
La combinación de analítica avanzada, inteligencia artificial, análisis de redes, información transaccional y fuentes externas puede permitir identificar relaciones y patrones que difícilmente serían detectados mediante reglas individuales.
Pero la tecnología por sí sola tampoco resuelve el problema.
La misma lógica debería trasladarse a las organizaciones: Compliance, Tecnología, Fraude, Ciberseguridad, Riesgos y las unidades de negocio necesitan compartir información y capacidades de análisis.
Porque frente a amenazas cada vez más digitales, descentralizadas y dinámicas, el verdadero desafío ya no es solamente detectar operaciones sospechosas. Es comprender anticipadamente qué historia están contando esas operaciones.
¿Será este el principio de un nuevo paradigma?
