Por María Agustina Carbón, integrante de Publicaciones AAEC.
Luego de ocho años en agenda, y ya con media sanción en la Cámara de Diputados, el 7 de mayo el Senado trató el proyecto de Ficha Limpia y, tras varias horas de sesión, rechazó la propuesta por 35 votos negativos y 36 afirmativos (se necesitaban 37 para su aprobación).
Y como era de esperar, este tema no pasó desapercibido en la comunidad de Compliance. Se generó un interesante debate en varios chats de redes profesionales: por un lado, no faltaron las especulaciones sobre si fue una maniobra electoral, un acuerdo partidario, o si prevalecieron intereses personales; por otro, sensaciones de desilusión, frustración y algo de enojo entre los que venían siguiendo de cerca el tema e impulsaban esta iniciativa. Incluso surgió la visión -considerando la debilidad institucional local- que, de salir la Ley, iba a tergiversarse su aplicación e iba a ser utilizado como un instrumento de presión en pos de ciertos intereses políticos mediante denuncias carentes de sustento, poca investigación y escasa evidencia.
¿Pero qué es Ficha Limpia?
Ficha limpia es una iniciativa que busca impedir que personas con antecedentes penales graves puedan postularse o ejercer cargos públicos. El principio es simple: personas que han sido condenadas por corrupción u otros delitos graves con sentencia firme no pueden ser candidatos ni ocupar funciones públicas, al menos hasta que cumpla su condena.
De este modo, tener antecedentes penales limpios pasaba a ser – por ley- un requisito indispensable para quienes aspirasen a ejercer la función pública.
Seguro varios de ustedes se estarán preguntando si acaso es necesario una ley que determine ese requisito como mandatorio. Por sentido común, pareciera que no, pero en países con altos índices de percepción de corrupción, Ficha Limpia parecía ser el camino adecuado para mejorar la calidad institucional y prevenir que personas con antecedentes de corrupción accedan a cargos donde puedan volver a delinquir o manejar fondos públicos.
Hackeando el top at the tone: ¿y ahora cómo seguimos? Si algo nos enseñan en cursos de posgrado y especializaciones a los profesionales de Compliance que trabajamos en sector privado es que el éxito de cualquier programa de integridad depende del compromiso de la alta dirección. El famoso Tone at the top. Un concepto central en gobernanza corporativa y Compliance, que se refiere al mensaje explícito e implícito que los líderes de una organización- especialmente los niveles más altos- transmiten sobre los valores, la ética y las expectativas de conducta.
En este contexto, el Senado nos deja un mensaje claro.
La ley per se no iba a resolver los problemas coyunturales que tenemos en torno a la corrupción, pero hubiese sido sin duda una manifestación significativa del compromiso de nuestros legisladores en su intento de minimizarla. Interesante es leer los argumentos que dieron los legisladores en el recinto y la justificación que encontraron para no votar a favor.
Su caída, por un solo voto, no solo frustra una demanda ciudadana legítima (recordemos que, desde la sociedad civil, la campaña de recolección de firmas en Change.org, alcanzó más de 450.000 adhesiones, reflejando un amplio respaldo ciudadano), sino que también envía un mensaje preocupante sobre la voluntad del sistema político argentino para combatir la corrupción y promover la ética en la función pública.
La ley de Ficha Limpia es un proyecto que lleva años y desde su concepción no pretendía proscribir arbitrariamente a nadie, sino establecer un estándar mínimo de integridad para quienes aspiran a representar al pueblo.
Desde mi mirada, considero que el Congreso dejó pasar una oportunidad significativa de robustecer los valores que el ejercicio de la función pública y Argentina como país necesitan: más honestidad, más ética, más compromiso y más transparencia. Su rechazo perpetúa la percepción de impunidad y aleja a la política de esos valores que la sociedad demanda.
Es imperativo que los líderes políticos reflexionen sobre las consecuencias de esta decisión y trabajen para reconstruir la confianza ciudadana. La ética pública no puede ser una moneda de cambio en las negociaciones partidarias. La aprobación de leyes que promuevan la integridad y la transparencia debe ser una prioridad ineludible -aunque no la única- para fortalecer la democracia.
1. Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2024 publicado por Transparencia Internacional, https://www.transparency.org/en/countries/argentina
