Por Liliana Arimany, Ethics & Compliance Senior Executive, asociada AAEC y graduada CEC.

Las opiniones expresadas en este contenido pertenecen exclusivamente al autor y no reflejan necesariamente la postura, opinión oficial ni las políticas de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).

Años de ejercicio profesional como Compliance Officers nos han llevado, muchas veces, a mirar el lobby con cautela. Esta palabra importada del inglés, definida por el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española como: “1. m. grupo de presión. 2. m. Actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en el ámbito público o privado en favor de intereses determinados. 3. m. vestíbulo (‖ sala próxima a la entrada).”, ha sido —y en general sigue siendo— uno de los aspectos a considerar al evaluar el riesgo en materia de anticorrupción y antisoborno dentro del mapa de riesgos de una organización.

Desde esa perspectiva, estamos acostumbrados a considerar que la interacción con funcionarios públicos, particularmente en determinadas geografías (véase el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 publicado por Transparency International España), incrementa las variables de impacto y probabilidad que normalmente utilizamos para calcular el riesgo inherente de una organización en esta materia. Consecuentemente, aprendimos a implementar controles para mitigar ese riesgo inherente y llevarlo a un riesgo residual tolerable, alineado con el apetito de riesgo de la organización.

Con ese afán de prevención, y al analizar con mayor detalle las interacciones con funcionarios públicos, hemos distinguido aquellas que son imprescindibles para la consecución de los objetivos de la organización —como el trato con Aduanas para una empresa que depende del comercio exterior, o con oficinas gubernamentales de habilitación e inspección necesarias para la operación de una empresa manufacturera— de aquellas que podrían considerarse prescindibles, en tanto responden a una decisión estratégica de la organización y pueden implicar una exposición adicional al riesgo de corrupción, soborno o tráfico de influencias.

En este contexto, y con la intención de proteger a la organización, no pocos Compliance Officers han tendido a desalentar el lobby, ya sea prohibiéndolo expresamente en las políticas internas o desaconsejándolo de manera más implícita ante los niveles ejecutivos. Esa postura ciertamente reduce la exposición a posibles situaciones de corrupción, soborno y tráfico de influencias; sin embargo, también puede limitar la capacidad de materializar los beneficios que un lobby ejercido en forma ética, profesional y transparente podría aportar a la organización, a su entorno y, en ocasiones, a la sociedad en general.

Frente a todo lo expuesto, el libro “El Arte de la Gestión de Intereses. El Lobby” de Carlos Rozen, publicado en junio de 2026, disponible en (https://mail.abogados.com.ar/archivos/2026-07-07-105836-lobby-rozen.pdf), aporta una mirada distinta, comprometida, desprejuiciada y actual. La obra invita a reconsiderar el lobby, promueve su práctica ética y transparente, y alienta la existencia de una regulación inteligente y eficiente que redunde en beneficio de los actores involucrados y, muchas veces, también del bien común.

El autor comienza por abordar el origen del lobby y propone una definición que lo separa claramente del imaginario común que suele asociarlo al cabildeo, término que el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define como: “m. Acción y efecto de cabildear. Sin.: conciliábulo, conspiración, intriga.”. A partir de esa distinción, Rozen presenta el lobby como una actividad profesional, transparente, legítima y legal, vinculada al ejercicio de un derecho ciudadano y capaz de enriquecer la democracia, en lugar de favorecer indebidamente a un gobierno o a sus miembros. Asimismo, el libro describe los distintos tipos de lobby y profundiza en las virtudes de aquel ejercido con responsabilidad, destacando su contribución como fuente de información idónea, verificada y documentada, así como su potencial para facilitar el equilibrio de poderes.

El libro invita también a aprender de la experiencia de otros países en esta materia y describe ejemplos concretos de conquistas sociales alcanzadas a través del lobby en ámbitos como la salud, el medioambiente y los derechos civiles. Además, se adentra en aspectos prácticos al presentar una herramienta de tecnología aplicada al lobby y advertir que “…sin tecnología apropiada, una ley de lobby es esencialmente un régimen de basado en la buena voluntad y mejores intenciones que depende de que los actores declaren voluntariamente, en papel o por correo, información que nadie puede verificar en tiempo real ni cruzar con otras fuentes” [sic].

Pero tal vez la mayor contribución de Carlos Rozen para quienes trabajamos en compliance sea su descripción del método para hacer lobby de manera correcta y exitosa, así como del perfil del buen lobista: aquel que actúa con integridad y honra cinco principios esenciales —honestidad, transparencia, legalidad, respeto institucional y responsabilidad pública—. Tal vez sean estas pautas las que nos permitan dejar de ver al lobby como una mala palabra o como un indicador de riesgo necesariamente prescindible, para empezar a abordarlo como una oportunidad: ejercerlo con profesionalismo, enseñar sobre él, diseñar controles adecuados y evaluar su impacto en el ecosistema organizacional, social y gubernamental.

El desafío, entonces, no parece ser limitar el lobby, sino contribuir a que se ejerza con reglas claras, trazabilidad, integridad y rendición de cuentas. Para la comunidad de ética y compliance, esa puede ser una invitación particularmente valiosa.

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Is lobby a dirty word? From risk to ethical opportunity

By Liliana Arimany, Senior Executive for Ethics & Compliance, AAEC member, and CEC graduate.

The views expressed in this content belong solely to the author and do not necessarily reflect the position, official opinion, or policies of the Argentine Association of Ethics and Compliance (AAEC).

Years of professional experience as Compliance Officers have often led us to view lobbying with caution. This word, borrowed from English and defined by the Dictionary of the Spanish Language of the RAE (Royal Spanish Academy as per English translation) as: “1. m. pressure group. 2. m. Activity whose objective is to influence decision-making in the public or private sphere in favor of specific interests. 3. m. lobby (‖ room near the entrance),” has been—and generally continues to be—one of the aspects to consider when assessing anti-corruption and anti-bribery risk within an organization’s risk map.

From this perspective, we are used to considering that the interaction with public officials, particularly in certain geographies (see the 2025 Corruption Perceptions Index published by Transparency International Spain), increases the impact and likelihood variables that we normally use to calculate an organization’s inherent risk in this area. Consequently, we learned to implement controls to mitigate this inherent risk and reduce it to a tolerable residual risk, aligned with the organization’s risk appetite.

With this focus on prevention, and by analyzing interactions with public officials in greater detail, we have distinguished those that are essential for achieving the organization’s objectives —such as dealings with Customs for a company that depends on foreign trade, or with government licensing and inspection offices necessary for the operation of a manufacturing company— from those that could be considered dispensable, as they stem from a strategic decision by the organization and may imply additional exposure to the risk of corruption, bribery, or influence peddling.

In this context, and with the intention of protecting the organization, many Compliance Officers have tended to discourage lobbying, either by expressly prohibiting it in internal policies or by more implicitly advising against it at the executive level. This stance certainly reduces exposure to potential situations of corruption, bribery, and influence peddling. However, it can also limit the ability of leveraging the benefits that ethical, professional, and transparent lobbying could bring to the organization, its environment, and, sometimes, society in general.

In light of all this, the book «The Art of Interest Management: Lobbying» by Carlos Rozen, published in June 2026 and available in Spanish at (https://mail.abogados.com.ar/archivos/2026-07-07-105836-lobby-rozen.pdf), offers a different, committed, unbiased, and current perspective. The book invites a reconsideration of lobbying, promotes its ethical and transparent practice, and encourages the existence of intelligent and efficient regulation that benefits the stakeholders involved and, often, the common good as well.

The author begins by addressing the origins of lobbying and proposes a definition that clearly distinguishes it from the common misconception that associates it with “cabildeo”, a term in Spanish that the Dictionary of the Spanish Language of the Royal Spanish Academy defines as: “m. The act and effect of “cabildear”. Synonyms: conspiracy, intrigue, or collusion.” Based on this distinction, Rozen presents lobbying as a professional, transparent, legitimate, and legal activity, linked to the exercise of a citizen’s right and capable of enriching democracy, rather than unduly favoring a government or its members. The book also describes the different types of lobbying and delves into the virtues of responsible lobbying, highlighting its contribution as a suitable, verified, and documented source of information, as well as its potential to facilitate a balance of power.

The book also encourages learning from the experiences of other countries in this area and describes concrete examples of social gains achieved through lobbying in fields such as health, the environment, and civil rights. Furthermore, he delves into practical aspects by presenting a technology tool applied to lobbying and warning that “…without appropriate technology, a lobbying law is essentially a regime based on goodwill and best intentions that depends on actors voluntarily declaring, on paper or by mail, information that no one can verify in real time or cross-reference with other sources”.

But perhaps Carlos Rozen’s greatest contribution for those of us who work in compliance is his description of the method for lobbying correctly and successfully, as well as the profile of a good lobbyist: one who acts with integrity and honor, adhering to five essential principles—honesty, transparency, legality, institutional respect, and public responsibility. Perhaps are these guidelines those that will allow us to stop seeing lobbying as a dirty word or as a necessarily dispensable risk indicator and instead begin to approach it as an opportunity: to practice it professionally, to teach about it, to design appropriate controls, and to evaluate its impact on the organizational, social, and governmental ecosystem.

The challenge, then, doesn’t seem to be limiting lobbying, but rather helping to ensure that it is carried out with clear rules, traceability, integrity, and accountability. For the ethics and compliance community, this could be a particularly valuable opportunity.